POLÍTICA DE VIVIENDA
El año 2013 se publicaba en España el libro de David Harvey, Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana. Un libro que comenzaba con la referencia al libro de Lefebvre, El derecho a la ciudad, publicado en 1967. Harvey reivindicaba cómo el derecho a la ciudad no surge de modas o reflexiones intelectuales, sino de las calles, de los barrios, como un grito de socorro de gente oprimida en tiempos desesperados. Lefebvre entendía muy bien que los movimientos revolucionarios asumen, con frecuencia una dimensión urbana. Y ello en un momento en que la mayoría de la humanidad está siendo progresivamente absorbida por la corriente de la vida urbanizada. Porque es necesario reivindicar que quienes construyen y mantienen la vida urbana tienen un derecho primordial a lo que han producido y que una de sus reivindicaciones es el derecho inalienable a adecuar la ciudad a sus deseos más íntimos.
El derecho a la ciudad.
Reclamar el derecho a la ciudad es reivindicar algún tipo de poder configurador del proceso de urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen nuestras ciudades, y hacerlo de un modo fundamental y radical dice Harvey. Desde siempre las ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente de la producción. Hay una conexión íntima entre el desarrollo económico de la sociedad capitalista de libre mercado en la que vivimos y el proceso de urbanización.
Y en este contexto surge el problema global de la vivienda que cobra una dimensión nueva a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. En Estados Unidos se consideraba que el mercado de la vivienda era un importante elemento estabilizador de la economía. Pero el proceso de urbanización experimentó una ampliación de escala haciéndose planetario. La enorme expansión del mercado inmobiliario en Gran Bretaña, Irlanda y España, así como en otros muchos países ayudó a mantener la dinámica de crecimiento capitalista de forma muy parecida en todo el mundo. El boom inmobiliario cobró dimensiones especiales en países como Méjico, Chile, Bombay, Seúl y en Europa especialmente en España. Y para propiciar este desarrollo surgieron instituciones financieras renovadas que permitían canalizar los créditos que se necesitaban. Y surge un mercado hipotecario secundario y la venta de obligaciones de deuda garantizada.
La crisis urbana.
Las crueles consecuencias de la crisis sobre la vida urbana y las infraestructuras hicieron tambalearse el sistema financiero global y provocaron una grave recesión económica. Una recesión en la que se implicaban promotores, entidades financieras y numerosos particulares convertidos en especuladores de pequeña escala. Y junto a ello se produce una creciente polarización en la distribución de la riqueza y el poder que se muestra en la forma de nuestras ciudades. En algunos casos con un proceso de reestructuración urbana que expulsa a las clases menos pudientes de zonas de la ciudad con un proceso de gentrificación.
Un proceso de transformación mucho más insidioso y canceroso mediante el sometimiento de los gobiernos democráticos urbanos a la disciplina presupuestaria, la liberalización del mercado del suelo y de la vivienda, la especulación inmobiliaria y la recalificación del suelo urbano para los usos que generaban la tasa financiera más alta dice Harvey. Modelos a los que resulta fácil ponerles nombres y lugares en nuestro país.
El Madrid de Ana Botella.
En nuestro país, la voluntad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda para todos ha tenido un desarrollo legislativo a lo largo de décadas conformando un sistema que trata de promover viviendas de precios asequibles con ayudas del gobierno en los créditos bonificados que se conceden. Un proceso con una doble orientación en cuanto a las viviendas promovidas directamente por la administración, con precios lo más ajustados posibles en base a un sistema de regulación para permitir que las personas con menos recursos puedan acceder a esas viviendas. Y un segundo modelo de promoción desde los promotores privados con unas reglas de juego en cuanto a las condiciones de las viviendas y su financiación.
En ese contexto, la existencia de un grupo de viviendas construidas en Madrid para estas familias cobra una especial relevancia. Viviendas construidas con dinero público y subvencionadas en sus créditos con dinero de todos para permitir que muchas familias pudieran acceder a una vivienda en condiciones económicas accesibles. Y el ayuntamiento de Madrid dirigido por Ana Botella decidió vender esas viviendas a los llamados fondos buitres con la voluntad de generar nuevas ganancias económicas a costa del dinero común y de las nuevas condiciones que se imponían a los usuarios de esas viviendas. Una decisión que pone en evidencia la política popular en materia de vivienda. No es una decisión cualquiera, es la decisión del ayuntamiento de la capital de España adoptada por una dirigente popular significativa. ¿Es esa la política de vivienda del Partido Popular?
Sentencia del Tribunal de Cuentas.
Ya en Septiembre de 2018, tras la lucha de un colectivo vecinal de Leganés, se anulaba la venta de 2.935 viviendas al fondo buitre Azora y se devolvía la titularidad de los contratos de arrendamiento a la Comunidad de Madrid. En una sentencia reciente, el Tribunal de Cuentas condena a la ex alcaldesa Ana Botella y a siete miembros de su Gobierno a pagar 25 millones por responsabilidad contable por la venta de un importante grupo de viviendas. La sentencia dice que Botella y los altos cargos permitieron la enajenación de las 1860 viviendas por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real. Una venta realizada sin tasación fiable, sin publicidad, con voluntad de beneficiar a los adjudicatarios a costa del dinero público. Las consecuencias para los vecinos han sido graves con subidas de alquileres y de los precios a pagar por sus viviendas.
Un proceso que deja en evidencia los intereses especulativos del Partido Popular que tras recalificaciones y procesos urbanísticos relacionados con diferentes tramas decide llegar a un extremo especialmente sensible negociando con viviendas públicas para gente con recursos limitados. Ahora el problema está en cómo afectará este proceso a los inquilinos de estas viviendas y a los fondos buitres que las adquirieron. Son necesarias acciones desde el gobierno municipal para revertir procesos que afectan de manera especialmente negativa a los vecinos que residen en estas viviendas. Por otra parte, como ya han señalado diferentes expertos en la materia, se impone una regulación legal más exigente y controlada de las viviendas de protección oficial en sus diferentes modalidades. Es bueno saber también las políticas que cada partido tiene respecto de materias especialmente sensibles como estas para ponerlas en nuestras voluntades de decisión democrática que debemos ejercer en los próximos meses.
Como dice Harvey la respuesta por parte del capital a la crisis global iniciada en el año 2007 ha sido poner en práctica un plan draconiano de austeridad global. Y se ha valido de la crisis para facilitar una actividad aún más depredadora en la apropiación privada de los bienes comunes como condición supuestamente necesaria para la recuperación del crecimiento.